En Palacio Nacional, reunión de lucimiento, pero innecesaria
Miguel Ángel Rivera miércoles 24, Mar 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Un acto innecesario, pero muy lucidor para las galerías.
Así se puede calificar la reunión privada del presidente Andrés Manuel López Obrador con la mayor parte de los mandatarios de las entidades federativas, para firmar el llamado el Acuerdo Nacional por la Democracia, para garantizar que ninguno de los mandatarios interfiera en el proceso electoral en curso ni favorezca a candidatos o partidos políticos.
Esto suena muy bien, pero insistimos en que es innecesario, pues desde el momento en que tomaron posesión, tanto el presidente de la República como los gobernadores de los 31 estados y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las particulares de las entidades federativas, todas las cuales les impiden entrometerse en asuntos electorales.
La misma Carta Magna establece que la única autoridad electoral es el Instituto Nacional Electoral (INE) y sus similares de las entidades federativas, organismos que gozan de autonomía, es decir, no dependen de los poderes Ejecutivo ni del Legislativo, mientras que el Judicial tiene una intervención indirecta a través del Tribunal Electoral (TEPJF), que forma parte del Poder Judicial Federal, pero que también goza de autonomía, pues sus sentencias son inapelables, lo que significa que no las puede modificar ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Estos principios básicos se encuentran en un texto titulado Manual del Participante, elaborado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del propio TEPJF.
En su introducción, en el apartado titulado Principios rectores de los procesos electorales, el manual establece:
“Los principios rectores que deben regir los procesos electorales están previstos en la Constitución. Ésta dispone que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE), dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y que, en el ejercicio de dicha función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad deben ser principios rectores. (Constitución, artículo 41, fracción V).
“El Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) retoma el texto constitucional, enfocándolo a la actuación de la autoridad administrativa electoral, señalando que todas las actividades del IFE deben regirse por los señalados principios. (Cofipe, artículos 105.2 y 109.1)”.
Una nota de pie de página que los principios rectores de las elecciones federales -certeza,legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad- “no son aplicables únicamente a los procesos electorales federales, pues la propia Constitución establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales locales de las entidades federativas y el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), deben regir también los principios mencionados.
Como se aprecia, en ninguna parte se hace referencia a los gobernantes, ya sea el Presidente o los gobernadores, como actores del proceso electoral. En consecuencia, durante el proceso electoral sólo tiene sus derechos y obligaciones como cualquier otro ciudadano.
La “autónoma” FEDE debe perseguir los delitos electorales
Ahora bien, en caso de incurrir en ilícitos – desviar recursos públicos o hacer campaña a favor de un candidato o de un partido – el organismo que debe intervenir es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), dependiente de la Fiscalía General de la República, que también goza de autonomía.
La mencionada FEDE, de la cual es titular José Agustín Ortiz Pinchetti -muy cercano al presidente López Obrador- en su portal de Internet informa que “los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.
También se pregunta: “¿quiénes pueden cometer delitos electorales?” y en seguida responde:
“Cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto religioso”.
Luego remite a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la cual en su artículo quinto ordena que “tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo”.
Como se aprecia, ni el primer mandatario ni los gobernadores asumieron ninguna responsabilidad adicional con la firma del mencionado Acuerdo Nacional por la Democracia, pues en las leyes ya están previstas las acciones consideradas ilegales y los procedimientos para castigarlas.
De cualquier forma, la reunión en Palacio Nacional sirvió de pasarela para que los gobernantes hicieran gala de sus convicciones democráticas y hasta para lidiar algunos problemas ajenos.
Por ejemplo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se presentó en Palacio Nacional a pesar de que se suponía que evitaría aparecer por temor a la denuncia que en su contra preparó la Fiscalía General de la República -que el mandatario y sus allegados suponen inducida por el presidente López Obrador- para pedir su desafuero a la Cámara de Diputados.
El gobernante tamaulipeco comentó que el acuerdo por la democracia debería ser más amplio, de manera que abarque la división de Poderes.
“A mí en lo personal, como a muchos otros, nos gustaría que fuera un poquito más amplio, que no solamente fuera el acuerdo a favor de la democracia, sino también a favor de la división de poderes, el respeto a la división de poderes, el respeto a la soberanía de los Estados, de nuestras libertades”, dijo el mandatario, figura de la Alianza Federalista, que se ha enfrentado al presidente López Obrador.
A su llegada a Palacio Nacional, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, declaró: “Yo vengo nada más a ver, a escuchar. Creo que la ley la debemos de respetar todos sin necesidad de firmar nada”.
Javier Corral, de Chihuahua y también integrante de la Alianza Federalista, escribió en redes sociales que el acuerdo servirá para “blindar los comicios de injerencias indebidas”.
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, surgido del PRI, aseguró que siempre se debe celebrar la democracia.
De acuerdo con los primeros informes de ese encuentro privado, sólo dejaron de presentarse dos mandatarios estatales: Enrique Alfaro, de Jalisco (también de la Alianza Federalista) y Quirino Ordaz, priista, de Sinaloa.
“Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo”, comentó el presidente López Obrador, quien estuvo acompañado de su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Pero las acciones y palabras del jefe del Ejecutivo mexicano no tienen siempre reconocimiento general.
Por ejemplo, una organización de expertos internacionales que integra la denominada Misión de Acompañamiento Internacional del Proceso Electoral Federal y Locales Concurrentes México 2021, presentó un informe en el que advierte que la polarización que generan las declaraciones del presidente López Obrador, la violencia, la Covid-19, la desinformación y las noticias falsas, son factores que podrían poner en riesgo los comicios de 2021.
Los observadores extranjeros indicaron que estos factores deben ser atendidos no sólo por las autoridades electorales, sino por el conjunto de poderes públicos, partidos políticos y actores directamente o indirectamente involucrados en las elecciones.
En particular, la misión de expertos electorales a nivel internacional señaló que la descalificación que hace el presidente López Obrador sobre el INE, así como la polarización que generan sus declaraciones, son un factor de riesgo.